Impulsan la exención impositiva para revitalizar el Parque Industrial de Famaillá

La legisladora peronista Patricia Lizárraga (foto inferior) presentó un proyecto de ley destinado a modificar la normativa vigente para otorgar beneficios fiscales a las empresas instaladas o que planeen radicarse en el Parque Agroindustrial y Tecnológico de Famaillá, con el fin de estimular la inversión y el empleo en un contexto de adversidades económicas que afectaron severamente al sector productivo tucumano.

El proyecto propone la sustitución del Artículo 1° de la Ley N° 9380, estableciendo: "Exímase, por un plazo de 20 años, del pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública, a las empresas radicadas o que en el futuro se radiquen en el Parque Agroindustrial y Tecnológico Famaillá, ubicado en el Departamento del mismo nombre". Esta medida busca extender un régimen de exenciones similar al concedido por la Ley provincial 9706 al Parque Industrial de Monteros, que también otorga un plazo de 20 años de alivio fiscal en los mismos tributos.

En los fundamentos del proyecto, Lizárraga (ex Intendente de dicho Municipio) destaca la urgencia de intervenir ante el panorama nacional adverso. “La situación gravosa, producto del contexto macroeconómico en nuestro país, nos obliga a generar las circunstancias adecuadas para fomentar la inversión y el desarrollo productivo en nuestra Provincia. Considerando además la gravedad de la problemática de los trabajadores que requiere también de una especial atención, es necesario y urgente crear el ambiente propicio para alentar la inversión y la radicación de nuevas empresas. Fundamental importancia reviste que los actores pertinentes extremen los esfuerzos para propiciar la reactivación de los emprendimientos y la contención de sus trabajadores y trabajadoras”, argumenta la legisladora. Asimismo, enfatiza que “razones de interés público, fundamentan este proyecto que promueve la actividad económica, regional o sectorial y la promoción del empleo”, invocando el antecedente de la ley monteriza para justificar la modificación de la norma original.

Esta iniciativa surge en un momento crítico para el Parque Industrial de Famaillá, que en 2025 fue testigo de una profunda crisis en el sector textil y manufacturero, agravada por la caída del consumo interno, el incremento de importaciones y la competencia desleal de productos extranjeros. Empresas como Santista (antigua Grafa), radicada en el predio, enfrentaron reducciones en la producción, suspensiones y amenazas de despidos, lo que generó alarma social y económica en la zona. Similarmente, otras firmas tucumanas como Scania, Topper y Papelera Tucumán adoptaron medidas drásticas, incluyendo paros temporales y recortes salariales, para sobrevivir al contexto.

La intervención del intendente de Famaillá, Enrique Orellana, apostó a mitigar en parte estos impactos. A fines de junio del año pasado, Orellana mantuvo reuniones con directivos de Santista, quienes expusieron “la situación difícil del sector textil y de la empresa”. Como respuesta, el municipio negoció un acuerdo para reducir el Tributo Económico Municipal (TEM), cuya alícuota del 0,8% se rebajó entre un 30% y 50% por un período de seis meses. “Antes de que la crisis apriete más, llegamos a un acuerdo que establece una reducción impositiva para que pague un poco menos y así tengamos la tranquilidad de que Santista (ex Grafa) siga funcionando, produciendo y de que la gente que está dentro continúe trabajando”, declaró Orellana en ese momento. El intendente también instó al Gobierno nacional a “revertir el ingreso de tantos productos, lo que está destruyendo la industria nacional”, mientras la Unión Industrial de Tucumán (UIT) proponía al Ejecutivo provincial reducciones fiscales adicionales, financiamiento subsidiado y protecciones al comercio exterior.

Este paliativo local, aunque temporal, subraya la necesidad de medidas estructurales como las propuestas por Lizárraga, que podrían extenderse a otras industrias en el parque y contribuir a la reactivación regional. La legisladora, al tomar como base la experiencia de Monteros, busca no solo aliviar la carga tributaria sino también atraer nuevas inversiones, en un esfuerzo por contener el desempleo y fortalecer el tejido productivo tucumano ante persistentes desafíos macroeconómicos.